El Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora condenó a un grupo de abogados, punteros políticos y falsos testigos por integrar una asociación ilícita que durante años defraudó a compañías de seguros a través de siniestros viales inventados, documentación trucha y demandas judiciales armadas.
La sentencia, firmada por los jueces Nicolás Amoroso, Gustavo César Ramilo y Alejandro Claudio Sgarlata, cerró una investigación que destapó un engranaje delictivo aceitado, con base en estudios jurídicos del sur del conurbano bonaerense, que funcionó entre 2015 y 2023.
Según los fiscales Sebastián Scalera y Pablo Rossi, la organización estaba integrada por abogados que coordinaban las presentaciones judiciales, punteros encargados de reclutar "víctimas" y "testigos" dispuestos a mentir, y colaboradores que conseguían certificados médicos falsos.
Las compañías más afectadas fueron Caja Seguros, Sancor, Sura y La Mercantil, que enfrentaron juicios fraudulentos por siniestros que nunca ocurrieron o que fueron adulterados para inflar indemnizaciones.
En las escuchas incorporadas al expediente, los condenados hablan con total naturalidad de cómo "poner" testigos, instruirlos y simular escenas. En un audio, uno de ellos le advierte a otro:
—"La persona que quieras poner no tiene que ser familiar… pondríamos como que en el momento estuvo ahí, cerca o en un vehículo. Y que es presencial, ¿me entendés?".
El tribunal impuso penas de tres años de prisión efectiva para todos los imputados principales. Además, los abogados Carla Eliana Pellicori y Pedro Claudio Pellicori recibieron inhabilitación especial para ejercer la profesión por igual período.
Condenados a prisión efectiva (3 años):
Juan Carlos Bootz
Alejandro Gabriel Cheves
Julio César Gaito
Mauricio Ariel Ledesma
Rodolfo Daniel Luna
Pedro Claudio Pellicori (más inhabilitación para ejercer)
Carla Eliana Pellicori (más inhabilitación para ejercer)
Gustavo Martín Viceconte
Mariano Alberto Zas
Otros acusados evitaron la cárcel a través de la suspensión del juicio a prueba, con reglas de conducta que incluyeron tareas comunitarias, donaciones a entidades benéficas y pagos de hasta $200.000. Andrea Prósperi fue absuelta y Carlos Alberto Truglio aguarda una audiencia pendiente.
Para los jueces, quedó probado que existía "un aparato de apoyo permanente para la comisión de delitos", con roles definidos y métodos repetidos para engañar a la Justicia y a las aseguradoras. La maniobra, según el fallo, no era improvisada: había un "formato de trabajo" con reparto de tareas, circulación de "carpetas" y pagos por cada caso armado.
(Fuente: El Liberal)
